“Si el relato de esta historia pudiese
volver a los unos más justos y más sensatas a las otras,
no lamentaríamos la tarea que emprendimos para transmitir a la
posteridad un acontecimiento que fue atroz pero que entonces habría
servido para mejorar a los hombres”
Marqués de Sade. “Faxelange o Los perjuicios de
la ambición”.
El
“meter bala a los delincuentes” tiene una historia y un
anclaje jurídico como respuesta a una problemática que
para algunos es la presencia de parásitos sociales, seres cuya
esencia constituye la metáfora cotidiana del espíritu
de Cesareo Lombrosso, o para ser más claro: negros de mierda.
Nuestra sociedad practica una voluntad de castigo que atraviesa grupos
y edades, síntoma de un funcionamiento preciso del aparato policial-judicial,
tragedia en quien defiende el producto de su trabajo. Allí donde
la violencia es absoluta no sólo callan las leyes sino que todo
guarda silencio. La violencia no tiene capacidad para la palabra: suprime
el diálogo porque el otro no existe. La criminología positivista-naturalista
no tuvo por objeto el delito considerado como concepto jurídico
sino al delincuente como individuo diverso clínicamente observable.
De este discurso quedan resabios, es decir, Actitudes. Y estas Actitudes
construyen el discurso amorfo que se resume en la frase “Mano
Dura” o que se enmascara y actualiza en “Mano Firme”.
No
existe sociedad sin agresividad, sin conflicto. Me incluyo en un movimiento
general de penalismo crítico cuya base es la deslegitimación
del sistema penal, es decir, en el análisis político de
los problemas de lo que se construye como desviación y sostiene
organizaciones surgidas para la protección de los intereses de
la clase dominante, o sea, policía, tribunales, cárceles
y la ley como efecto de superficie sobre la cual se intenta borrar el
poder: el derecho penal es desigual por excelencia porque el grado efectivo
de tutela y la distribución del status de criminal es independiente
del daño social causado: la cárcel es un posgrado de venganza
y resentimiento. La cárcel es una máquina de poder dinámica
y circular y no se mantiene por conservación sino mediante reformas
sucesivas que hacen a la relación poder/saber en el derecho penal
su historia misma. De aquí que la posibilidad de su abolición
presuponga otra sociedad. Basta una madre desesperada y un padre dolorido
para que toda esta máquina de poder circule su funcionamiento
en su más cruel expresión.
El
estudio de la criminalidad y del control son un solo y mismo proceso
social surgido de los mecanismos de definición política
y jurídica de una organización social determinada. La
historia de la pena es anterior a la historia del delito. La intervención
del derecho en el poder de castigar hace nacer una nueva forma de legitimación
de este a través de la legalidad: la criminalidad es un invento
central del poder en la sociedad moderna. Allí surge el derecho
de castigar y la invención de crímenes dependerá
de definiciones legales. Hacer la genealogía del poder de castigar
implica la arqueología del derecho penal. Sin embargo, el sistema
punitivo sigue desarrollándose a su margen. El poder del derecho
penal yace en su ejecución, no en el legislador sino en el juez.
La instancia judicial esta sometida al poder no judicial del sistema
penal. Sólo en el aparato judicial se puede restar poder
a las restantes instancias. El legislador hasta hoy fabrica un mundo
y no produce seguridad jurídica porque al dato de la realidad
le opone medidas balanceadas según costos políticos y
mediáticos, porque busca suprimir de un plumazo la evidencia
de su funcionamiento sistémico, porque lejos de educar para la
libertad educa en y para la esclavitud. Seducir al turista o a quien
compra su parcela en el barrio privado es retirarle lo feo. Cariló
ejemplar.
La
mano dura es el rechazo a la concepción de la seguridad como
sistema en el cual legislación penal y procesal, política
penitenciaria, prevención del delito, participación ciudadana,
capacitación y equipamiento de las fuerzas de seguridad interactúan,
interrelacionan, comunican conocimientos, prácticas e información.
Cualquier tecnología de reforma pierde sentido en la realidad
social: afuera de la cárcel ¿qué hay para el ex
recluso? ¿Trabajo? ¿Ejército? ¿Policía
privada? Tampoco tiene sentido pensar en abolicionismo porque son los
propios trabajadores hiper-flexibilizados que piden a gritos “mano
dura” “mano dura” si les roban el celular digital
que saca fotos, juguete placentero con el cual se endeudan por varios
meses y con un salario de mercado de 380 a 460 pesos aproximadamente
el sacrificio es demasiado como para soportar derechos humanos; un robo
que termina en una venta de 50 a 80 pesos para comprar cocaína
barata. El celular luego se revende a las clases medias bajas que fueron
también robadas y que sostienen que “si a mí me
cagaron....”
El
no-análisis social, criminológico, político e incluso
económico de las consecuencias de tales discursos y prácticas
es uno de los hechos políticos más importantes de la Argentina
de estos últimos tiempos. No se trata simplemente de sospechar
que las masas son fascistas en sus deseos o de hacer del concepto “deseo
social” una inmanencia que inventa un esquema de poder homogéneo
a cualquier nivel y a cualquier dominio: familia, Estado, relaciones
de producción, aparato educativo. Así se esconde el análisis
histórico y político de relaciones de poder y tácticas
políticas específicas de campos sociales dominantes.
Cada
vez que se sacrifica al hombre como medio para realizar un fin se obliga
a la sociedad a retroceder a grados de civilización anteriores,
la humanidad misma se ennegrece: se vuelve tristeza diseminada.